MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
AC5523-2016
Radicación n° 20001 31 03 001 2011 00110 01
(Aprobado en sesión de veintisiete de abril de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
Resuelve la Corte el recurso de reposición que, en tiempo, presentó la promotora de la censura extraordinaria (Marina Esther Daza de Romo), en contra de la providencia de quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015), a través de la cual se declaró inadmisible esta última impugnación (fls. 4 a 11, cuaderno de la Corte).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda presentada tenía como propósito principal lograr la declaratoria de incumplimiento por parte de la accionada, de un contrato de promesa de venta ajustado entre las partes, el veinte (20) de agosto de dos mil cuatro (2004).
2º. Se dijo que la actora, quien fungió como promitente vendedora, convino vender a la señora María Esther Daza de Romo, el predio ubicado en la calle 7A No. 14-35 de la ciudad de Valledupar. El precio estipulado fue la suma de $46.000.000.oo. M/cte.
3º. La convocada (promitente compradora), según se dijo en el libelo, no cumplió con el pago de la obligación garantizada con hipoteca que soportaba el inmueble, ni concurrió a la Notaría para formalizar la transferencia.
4º. El a-quo, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), luego de agotar las etapas previstas para esta clase de contiendas, profirió la sentencia que definió la primera instancia (fls.139-149), habiendo negado todas las pretensiones formuladas.
5. Recurrido en apelación el fallo señalado, el Tribunal acusado, el diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014), resolvió la segunda instancia. En el proveído adoptado revocó la decisión impugnada y, de oficio, declaró la nulidad del contrato de promesa de venta, ordenando, subsecuentemente, las restituciones mutuas.
La demandada presentó recurso de casación.
6. El ad-quem antes de resolver sobre la procedencia de la censura extraordinaria, dispuso la experticia necesaria con miras a justipreciar el interés de la impugnante para poder recurrir. Cumplido lo anterior y acreditada esta última exigencia, el juzgador de segundo grado concedió la casación presentada.
Cumple advertir que el Tribunal no obstante que el impugnante había solicitado que se fijara caución con el propósito de ‘responder por los eventuales perjuicios que dicha suspensión pueda causarle a la parte demandante, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse’ (fl., 74, cuaderno de segunda instancia), nada dijo sobre tal garantía ni, en esa determinación, ni en pronunciamiento posterior.
7. La Corte, el quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015), concluyó que la parte demandada, gestora de la impugnación, no había cumplido con la expedición de las copias requeridas para la ejecución de la sentencia recurrida, como así lo ordena el artículo 371 del C. de P.C., razón por la cual dispuso declararla inadmisible (fls. 4 a 11, cuaderno No. 6).
8. El casacionista, en tiempo, presentó recurso de reposición y, en lo fundamental, expuso que ante el Tribunal, ciertamente, no se cancelaron copias pero la razón para ello fue que, cuando adujo el recurso de casación, también, pidió que se fijara caución para impedir el cumplimiento del fallo.
Narró que la Corporación acusada decidió conceder la impugnación pero guardó silencio sobre la otra petición (la garantía), silencio que no puede hoy generarle a la parte ninguna consecuencia adversa. Enfatiza que la carga procesal le correspondía asumirla a la jurisdicción ordinaria, habida cuenta que determinar la naturaleza y el valor de la caución es un asunto de la judicatura y, al no hacerlo, esa situación no puede resultar suficiente para que la Corte inadmita el recurso; es una falta del Tribunal y no de la parte, insistió.
9. El trámite previo a esta decisión fue cumplido a cabalidad.
II. CONSIDERACIONES
1. De lo narrado en precedencia quedó evidenciado que la discordia, en rigor, no atañe a si las copias fueron o no expedidas, pues no existe duda que no se hizo; tampoco concierne con la parte a quien le correspondía asumir ese compromiso, menos que su omisión genere la inadmisión del recurso. El punto central del debate radica en que el propósito de la demandada era prestar caución para evitar el cumplimiento del fallo, evento que lo relevaba de impulsar la expedición de copias y, a pesar de haberla solicitado el Tribunal olvidó pronunciarse sobre la misma. Al no hacerlo, por obvias razones, no se prestó dicha garantía ni se reprodujo el material para la ejecución pertinente.
2. Al respecto cumple decir que en folio 74, del cuaderno del Tribunal, aparece, efectivamente, la solicitud referida por el representante judicial de la parte demandada. Y, en el auto de veintidós (22) de abril del año pasado (folios 91 y 92 ídem), se aprecia, igualmente, que el juzgador de segunda instancia, al conceder la impugnación extraordinaria, nada dijo sobre la fianza ofrecida.
En fin, refulge como una verdad procesal irrebatible que a esta Corporación llegaron las diligencias sin que se hubiese cumplido con el mandato del artículo 371 del C. de P.C., alusivo a la expedición de copias para hacer efectiva la decisión cuestionada.
3. Ahora, para rebatir el auto inadmisorio del recurso, el casacionista esgrime, precisamente, aquella circunstancia, es decir, que el Tribunal no se pronunció sobre la seguridad ofertada, luego esa situación no puede precipitar la consecuencia dispuesta por la Corte. Sin embargo, dicha justificación, en verdad, no resulta válida en cuanto que, la generación de las copias señaladas o la fijación de la referida caución, para suspender el cumplimiento de la sentencia, no se traduce, como lo reclama el impugnante, en una carga procesal del funcionario judicial. Además, es responsabilidad de la parte, aun ante el silencio del juez, asumir los deberes y cargas que la ley le tiene asignadas.
En efecto, como de antaño se conoce, surgida una determinada relación procesal, a la vez, advienen algunos comportamientos a cargo tanto del juzgador como de los sujetos procesales; hay una interacción inevitable. La doctrina ha dado en llamar imperativos jurídicos tales conductas y, en últimas, no son más que referentes de la actividad que se espera, por mandato legal, de todas aquellas personas que intervienen en una causa judicial, ya sea con respecto a los demás participantes o en relación con las diligencias propias del litigio en curso.
4. Por supuesto, los niveles o grados de participación varían dependiendo de quién debe asumirlos, al rol asignado ya por la ley, ora por la misma dinámica de la controversia, amén de la calidad de su participación o la función atribuida. Bajo esa perspectiva, el proceder de uno u otro responderá, entonces, a conceptos o criterios vinculados a ‘deberes’, ‘obligaciones’, ‘poderes’ y, también, al de ‘cargas procesales’.
5. Desde luego, según la naturaleza de cada situación la conducta esperada se atribuirá, en particular, ya al juez, a las partes o a terceros. Sobre el punto, en reciente oportunidad, la Corte Constitucional, memorando algunas reflexiones de la Corte Suprema, expuso:
(…) dentro de los distintos trámites judiciales es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes, imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso de distinta naturaleza.
Y a los efectos de exponer la idea, se citó a la Corte Suprema de Justicia cuando observó en una de sus decisiones:
‘(...) De los que la doctrina procesal ha dado en denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación jurídico-procesal se distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas procesales que imponen tanto al Juez como a las partes y aun a los terceros que eventualmente intervengan, la observancia de ciertas conductas o comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De esos imperativos, los primeros se hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad, las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del propio interés.
Son deberes procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.), otras a las partes y aun a los terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibídem y Decreto 250 de 1970 y 196 de 1971). Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6° del Código.
‘Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. ‘El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas’. (‘Fundamentos del Derecho Procesal Civil’, número 130).
‘Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
‘Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa.’ [71] (resaltado y subrayado sobrepuestos).
33. Siguiendo la doctrina, los deberes procesales provienen de la aplicación de normas procesales de derecho público, surgen con ocasión del proceso “(…) como consecuencia del ejercicio del derecho de acción que lo origina o del derecho de contradicción del demandado o imputado o de su trámite” [72], corresponden al juez, a las partes, a los apoderados y a terceros, según el caso [73] y “dan lugar a sanciones y a coerción para su cumplimiento” [74], conforme las garantías del debido proceso [75].
A su vez las cargas procesales, son un imperativo que también emana de las normas procesales de derecho público y con ocasión del proceso, pero sólo para las partes y algunos terceros. Son del propio interés de quien las soporta, lo que quiere decir que sólo lo favorecen a él y no a la otra parte, como ocurre con la obligación o con el deber. Y justamente por esta razón “no existe una sanción coactiva que conmine al individuo a cumplir, sino que se producirá, para el sujeto, como consecuencia de su incumplimiento, una desventaja para el mismo (y no para el otro sujeto)” [76].
Es decir que el sujeto procesal que soporta la carga, está en el campo de la libertad para cumplir o no con ella, de modo que si no lo hace no está constreñido para que se allane a cumplirla, por lo cual el no asumirla no dará lugar propiamente una sanción sino a las consecuencias jurídicas propias de su inactividad [77], que pueden repercutir también desfavorablemente sobre los derechos sustanciales que en el proceso se ventilan [78].
‘34. Con la observancia de los deberes, cargas y obligaciones procesales, se contribuye con la realización de los principios de economía, oportunidad, lealtad, imparcialidad y celeridad procesales. De modo que su desconocimiento no opera a favor de la realización del principio de prevalencia del derecho sustancial, sino en contra, pues son la garantía que asegura el correcto desenvolvimiento del debido proceso como estructura a partir de la cual imparte justicia en el Estado sometido al Derecho.’(Sentencia C-203/11; 24 de marzo de 2011.
6. En el presente asunto, la solicitud para fijar caución y la prestación de la misma, así como aquella concerniente con la expedición de copias, es una actividad que responde al calificativo o a la naturaleza de carga procesal; esta última atribuida, únicamente, a las partes, no al funcionario judicial.
Y si el Tribunal olvidó hacer pronunciamiento sobre la petición elevada, al recurrente le sobrevenía ‘la carga’ de reclamar ya fuera la respuesta a dicho pedimento o la de expedición de copias para el cumplimiento del fallo.
La Corte, en reciente oportunidad, se pronunció en relación al cumplimiento de una actividad catalogada como carga procesal. En esa determinación, que si bien alude a la expedición de copias, sirve de ilustración en cuanto a la actitud que debe asumir la parte frente a las omisiones del juzgador y, por supuesto, cuando se trata de asumir las cargas establecidas en la ley. Así lo expuso:
«si el sentenciador deja de impartir esa orden, no por eso el censor queda relevado de cumplir con la carga de solicitar y pagar (…..), desde luego que en cumplimiento de esta particular carga le compete actuar frente a las omisiones en que incurra el juzgador (…..)» (auto de junio 15 de 2005, exp. 2003 00481 01; postura ratificada en auto de 23 de febrero de 2010, Exp., 2004 00283 01).
Por manera que, ante el silencio del Tribunal sobre la fijación de la garantía ofrecida, el impugnante debió demandar un pronunciamiento al respecto y no dejar que la impugnación fuera concedida sin resolver el punto o dilucidar lo relacionado con las copias para el cumplimiento de la sentencia. Una u otra cosa debió acatarse y era compromiso del censor.
7. En conclusión, la solicitud y prestación de la seguridad ofertada para impedir que la decisión preferida fuera ejecutada; así como la expedición de copias para tal propósito, en defecto de aquella, no constituyen un deber funcional; una carga procesal del ad-quem (como lo hace ver el recurrente), sino del casacionista, por tanto, el olvido de la Corporación acusada no puede servir de excusa, pues, en últimas, se dejaron de compulsar las copias necesarias para la ejecución del fallo o la aducción de la fianza, asunto que competía al censor, desconociéndose, así, el artículo 371 del C. de P.C.
Por todo lo expuesto, se RESUELVE:
Primero. No revocar el auto impugnado, a través del cual se declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación formulado por la parte demandada.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia la Secretaría deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la providencia recurrida.
Se dejarán las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA